De acuerdo con el compromiso establecido por la Secretaría de Educación en el sentido de alivianar la situación financiera de las familias antioqueñas, y especialmente de los estudiantes de pregrado antiguos de las instituciones de educación superior oficiales, adscritas al departamento de Antioquia: Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia e Institución Universitaria Digital de Antioquia, la titular de ese despacho, Alexandra Peláez Botero, ratificó la propuesta de otorgar el beneficio de matrícula cero a cerca de 13.600 estudiantes procedentes de los 117 municipios no certificados del Departamento, Apartadó, Turbo y Rionegro, así como los estudiantes procedentes de otros departamentos, con una inversión aproximada de $8.000 millones.
“Con el fin de materializar nuestra propuesta, y a pesar de la difícil situación financiera de la Gobernación de Antioquia, toda vez que con ocasión de la pandemia originada por la Covid-19, los ingresos del Departamento con corte al mes de mayo se disminuyeron en un 12%, que equivalen a $289.000 millones y con una proyección de la disminución en los ingresos totales a diciembre 31 de 2020 es de más $567.000 millones, redireccionaremos los recursos de la Secretaría de Educación destinados para las necesidades del plan de adquisiciones del año 2020 y que tenían como foco la población escolar de transición, básica y media”, explicó la Secretaria
El programa de créditos condenables se regirá bajo los siguientes criterios: Estudiantes de estratos 1, 2 y 3; estudiantes de pregrado nuevos y antiguos, no cobijados por otros beneficios; estudiantes no residentes en Medellín (incluye Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta); estudiantes de las siguientes IES: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid e Institución Universitaria Digital de Antioquia.
Dado lo anterior, las dos estrategias mencionadas para apoyar la educación superior y mitigar la deserción ascienden a un valor estimado de $13.000 millones.