Gobierno del Ecuador prioriza lucha contra desnutrición infantil

Desde el Complejo Cultural Peguche, en la provincia de Imbabura, el presidente
de la República, Daniel Noboa Azin participó en el acto de bienvenida de las
nuevas mujeres gestantes y niños menores de dos años, que se sumarán al
Programa Integral de Prevención de Desnutrición Crónica Infantil (DCI), Bono de
los 1.000 días, para proteger a la Nueva Infancia del Ecuador.

“No existe un nuevo Ecuador mientras no logremos bajar los índices de niños con
desnutrición crónica infantil”, sentenció el Mandatario. Por ello, enfatizó en la
importancia de combatir la corrupción que, por mucho tiempo, se instauró en el
país afectando los recursos que debieron destinarse a grupos prioritarios.

“Nosotros tenemos que cambiar la dinámica de los gobiernos, tenemos que hacer
del futuro y de las siguientes generaciones nuestra prioridad”, resaltó el Jefe de
Estado, al tiempo que remarcó en la necesidad de prevenir y erradicar la
desnutrición infantil en el Ecuador.

María José Pinto, Secretaria Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil,
agregó que el principal objetivo de su entidad es garantizar todas las herramientas
para que las niñas y niños de la nación crezcan sanos y con buenas
oportunidades; pues la desnutrición es una problemática que afecta en el
desarrollo de los infantes y los hace propensos a enfermedades cuya atención
oscila entre los 3.000 millones de dólares.

Por consiguiente, Pinto informó que el Gobierno Nacional ha destinado para esta
causa 342 millones de dólares. “Que nadie diga que el presupuesto para la nueva
infancia ha disminuido (…). Durante nuestra gestión en estos en 100 días tenemos
14.000 nuevas gestantes que han ingresado al programa de servicios
integrales”, recalcó, al tiempo que dio la bienvenida a las 400 mujeres de
Imbabura que hoy se suman a esta iniciativa gubernamental.

Otro logro que destacó la autoridad, es que “en el nuevo Ecuador más de 100.000
embarazas y menores de dos años se benefician del bono de los 1.000 días”.
Sobre ello detalló que no se trata de una transferencia económica, pues tiene
componentes condicionados para velar por el cumplimiento de los servicios a
través de la corresponsabilidad del gobierno y familias ecuatorianas.