La Plenaria del Congreso de la República aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley
(108 de 2023 Cámara y 173 de 2023 Senado), donde se otorga a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), hasta el 30 de junio de 2025, la
prestación de los servicios de alimentación a las personas privadas de la libertad en
centros transitorios, Estaciones de Policía y URI, quitando así la responsabilidad a las
Alcaldías y/o Gobernaciones.
Esta iniciativa legislativa fue liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tras
varias mesas de trabajo desarrolladas con Asocapitales, Asointermedias,
Fedemunicipios, Fededepartamentos, la USPEC, la Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo.
De acuerdo con el objeto del proyecto, este busca brindar competencias legales a la
USPEC para que pueda seguir suministrando el servicio de alimentación debido a que
en la última sentencia de la Corte Constitucional (SU 122 de 2022), se estableció que
el deber de proporcionar los alimentos a las personas detenidas preventivamente
recaía sobre los entes territoriales y les ordenó incluir las partidas presupuestales
dedicadas a tal fin. A pesar ello, durante las mesas de trabajo se manifestó desde
Asointermedias que era necesario contar con una medida transitoria para que las
entidades territoriales pudieran asumir esta responsabilidad.
Gracias a la aprobación de esta Ley, las entidades territoriales podrán contar con más
tiempo para realizar un adecuado proceso de planificación en el marco de la
construcción de sus planes de desarrollo, así como revisar las posibles fuentes de
financiación. Asimismo, deberán presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, el
plan de implementación del servicio de alimentación a más tardar el 31 de diciembre
de 2024
