Al pueblo de El Peñol le fue dada la noticia sobre la inundación de su territorio en un bando público realizado en enero de 1961. El señor Luis Echavarría Villegas, gerente de las Empresas Públicas de Medellín, por ese entonces, anunció desde el balcón de la Alcaldía Municipal, la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico del Nare para conjurar una crisis energética que vivía Medellín y el resto del país. En consecuencia dijo, que se comprarían las tierras a las personas afectadas y que el área urbana necesariamente desaparecería.
Desde esos días se comenzó a gestar todo un movimiento de inconformidad que tuvo grandísimas repercusiones con reuniones, reclamaciones, paros cívicos, pasquines y varias alteraciones del orden público que crearon un clima de histeria social, ya que por las estrechas calles del aquel poblado con más de 200 años, comenzaron a transitar enormes máquinas hacia Guatapé, las que a su paso se llevaron los aleros de techos y las casas ubicadas en las esquinas.
Los líderes del momento hicieron todo lo posible por obtener información precisa y lograr acercamientos de diálogo; pero el hermetismo informativo y la actitud despótica de los entes oficiales fueron una constante que creó todo un caos obligando al Municipio y la Parroquia a buscar soluciones conjuntas con asesoría profesional.
Cuando las posiciones se polarizaron ante los evidentes casos de injusticia, el equipo de sacerdotes y los concejales lograron unos primeros acercamientos con las Empresas Públicas de Medellín para redactar un documento que enseñara cómo debía solucionarse este conflicto. Aquí jugó un papel muy importante el estudio hecho por CODESARROLLO, en esos días, titulado: “Incidencia del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Nare sobre la población de El Peñol”.
El doctor Juan Fernando Mesa Villa y el Presbítero Francisco Ocampo Aristizábal hicieron la redacción de un documento llamado: “Contrato Maestro”, el cual fue ampliamente debatido y corregido; donde se plasmaban las necesidades de las Empresas y las aspiraciones de la comunidad. Este documento se inspiró en contenidos de la encíclica “Populorum Progressio” (el Progreso de los Pueblos), proclamada en 1967 por Su Santidad Paulo VI. Allí se reclamaron los derechos colectivos a la identidad y a poblar un territorio. No fue fácil la negociación con las Empresas, quienes argumentaron el valor de los costos y la negación a indemnizar; pero finalmente hubo consenso.
Luego de álgidas discusiones con las organizaciones populares, el Concejo Municipal, los campesinos y la feligresía, se suscribió este histórico documento denominado: “Contrato Maestro”, el 12 de abril de 1969 en la Notaría de la localidad, donde fue protocolizado con todos los rigores legales. Otro documento semejante hubo que suscribir el 13 de octubre del mismo año con la Parroquia para amparar sus bienes y sus derechos, ya que éstos se regían por el Código de Derecho Canónigo.
Este contrato consta de 95 cláusulas distribuidas en cinco capítulos donde se abordan: las bases contractuales, el desmantelamiento demográfico y la readaptación de la población; la restitución y mejora de situaciones; un plan decenal de desarrollo con programas especiales; y unas disposiciones finales. Su contenido valoró profundamente la necesidad de la promoción humana y la justicia social con la población. Se visionó admirablemente el futuro integral de El Peñol y su desarrollo ante las nuevas realidades impuestas por la construcción del Embalse de El Peñol y la Central Hidroeléctrica de Guatapé.
Hacer valer los compromisos de este contrato costó protestas y reclamaciones durante ocho años, ya que los gerentes de turno de las Empresas Públicas quisieron desconocer lo pactado y prefirieron hacer una campaña de difamación pública contra los líderes de El Peñol y en especial contra sus sacerdotes, llegando a tratarlos de “extremistas”. Cumplir con la obligación de construir el Nuevo Peñol implicó la exigencia del Banco Mundial durante una misión especial que constató los atropellos que se estaban generando. Fue cuando aparecieron grandes líderes sociales, los que posteriormente participaron en el Movimiento Cívico del Oriente.
Entre 1977 y 1978 la comunidad hizo su traslado a la nueva cabecera urbana municipal en medio de muchas precariedades. La morfología urbana ya no era una cuadrícula española, como en el Viejo Peñol; sino que era un moderno sistema de módulos con funciones precisas, lo que obligó a los pobladores a hacer una decodificación de sus entornos para poder hacer una apropiación de sus espacios. El 21 de junio de 1978 las Empresas Públicas dinamitaron en frontis del templo parroquial, en un público acto de ira contra los sacerdotes.
El Contrato Maestro marcó definitivamente la historia de El Peñol y su finiquito se hizo por medio del Acuerdo Municipal No: 098 del 19 de mayo de 1988, protocolizado por escritura pública No: 259 del 31 de mayo del mismo año. Allí las Empresas Públicas se comprometieron a cancelar al Municipio de El Peñol la suma de $ 362.450.000.oo, valor por el cual se estimó el 30% del Contrato Maestro que no se cumplió. El primer día de la alcaldía popular de don Jesús Arcesio Botero Botero se recibió este valor, que tenía libre destinación de inversión para el Municipio.
En conclusión: inconsultamente se impuso una nueva geografía hidráulica regional; pero el papel protagónico de la iglesia con una ciudadanía activa y consciente logró que mediante un movimiento social con líderes auténticos,
prevaleciera la dignidad humana de los peñolenses. Se perdió un patrimonio arquitectónico y urbanístico; y además una trama social; pero hoy se escribe un nuevo capítulo de la historia en un Nuevo Peñol, ubicado en el pié de monte de la Coordillera de Montañita, donde la comunidad conserva orgullosamente: sus instituciones, su liderazgo, los difuntos del antiguo cementerio y su memoria cultural. Cabe resaltar que por estos hechos no hubo ni un sólo muerto.
Hoy las Empresas Públicas son un actor muy importante del desarrollo regional del Oriente Antioqueño y de El Peñol, con quien se tienen las mejores relaciones. Generan transferencias de la producción de hidroenergía para los presupuestos de los municipios y cofinancian proyectos.
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