El Ministerio de Salud y la Cancillería, hicieron oficial la ratificación por parte del
Estado colombiano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para tomar esta decisión, el país
transitó un proceso de seis años que implicó negociaciones diplomáticas,
consultas ciudadanas y evaluaciones de instituciones como la Corte
Constitucional.
Se trata de una determinación que puede impactar a casi siete millones
de colombianos, el 13,5% de la población total, todos ellos mayores de 60 años. Y
es así porque la Convención es una herramienta adoptada por la OEA en 2015,
que establece medidas específicas en los campos de la salud, la seguridad,
el trabajo, la vivienda y la educación que los países que la adhieren se
comprometen a cumplir para promover y proteger los derechos humanos de
las personas mayores. La Convención desarrolla 15 principios basados en
derechos humanos y reconoce 27 derechos, como a
la independencia y autonomía, al consentimiento libre e informado en la salud,
servicios de cuidado a largo plazo, trabajo, educación y cultura.
Es el primer tratado internacional que se enfoca en esta población y “es algo que
buscábamos desde hace mucho tiempo”, dice Deinedt Castellanos, Gerontóloga y
licenciada en educación comunitaria, Presidenta de la Red Colombiana de
Envejecimiento Activo y Digno, una organización social bastante proactiva en el
tema, que estuvo detrás de leyes como la 1251 de 2008, que crea, entre otras,
el Consejo Nacional del Adulto Mayor y que espera que la Convención promueva
cambios. “Por ejemplo, necesitamos que esto deje de ser solo un tema de salud.
Hoy en día la Política Pública de Envejecimiento y Vejez es liderada únicamente
desde el Ministerio de Salud. Eso tiene que cambiar, así lo señala la ONU y la
OMS”, explica.
