Recientemente, el Ministerio de Salud y la Cancillería, hicieron oficial la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para tomar esta decisión, el país transitó un proceso de seis años que implicó negociaciones diplomáticas, consultas ciudadanas y evaluaciones de instituciones como la Corte Constitucional.
Se trata de una determinación que puede impactar a casi siete millones de colombianos, el 13,5 % de la población total, todos ellos mayores de 60 años. Y es así porque la Convención es una herramienta adoptada por la OEA en 2015, que establece medidas específicas en los campos de la salud, la seguridad, el trabajo, la vivienda y la educación, que los países que la adhieren se comprometen a cumplir para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores.
La Convención desarrolla 15 principios basados en derechos humanos y reconoce 27 derechos, como la independencia y la autonomía, el consentimiento libre e informado en la salud, servicios de cuidado a largo plazo, trabajo, educación y cultura.
Es el primer tratado internacional que se enfoca en esta población y “es algo que buscábamos desde hace mucho tiempo”, dice Deinedt Castellanos, Presidenta de la Red Colombiana de envejecimiento activo y digno.
